En el Estado de México, la entidad más poblada del país, apenas hay 2.3 jueces para cada 100 mil habitantes. Estas fallas en el sistema de justicia propician altos niveles de impunidad.
FEBRERO 4, 2016
(Animal Político)
El promedio de jueces que arrojó el Índice Global de Impunidad tras estudiar el caso de 56 países fue de 16 por cada 100 mil habitantes para casos del fuero común; cifra más de cuatro veces superior al promedio en territorio mexicano.
Los poderes judiciales no funcionan en las entidades federativas. Los sistemas de justicia colapsan porque no hay jueces que atiendan los casos pendientes, según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla.
“Los estados han dejado morir sus sistemas de justicia, eso ha llevado a que los poderes judiciales en los estados simplemente no funcionen; si un ciudadano denuncia un delito el caso no se desahoga en el sistema, no hay impartición de justicia y sí niveles altísimos de impunidad”, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2016.
El promedio del número de jueces disponibles en las entidades federativas —para casos del fuero común— por cada 100 mil habitantes es de 3.5, cifra que el investigador de la UDLAP considera insuficiente para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia de los estados.
Hay 15 entidades —Puebla, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro— que igualan o están por debajo de ese promedio.
En el caso de Puebla, por ejemplo, se cuenta con una tasa de 1.5 jueces para desahogar los casos por los delitos del fuero común denunciados.
En el Estado de México, la entidad más poblada del país con más de 15 millones de habitantes, apenas hay 2.3 jueces para cada 100 mil habitantes.
El promedio de jueces que arrojó el Índice Global de Impunidad, que realizó la UDLAP tras estudiar el caso de 56 países, fue de 16 por cada 100 mil habitantes para casos del fuero común, cifra más de cuatro veces superior al promedio en territorio mexicano.
En su análisis, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP hace énfasis en que el poder judicial en los estados debe ser independiente del poder político para garantizar justicia pronta y expedita.
“Los gobiernos estatales, congresos y poderes judiciales locales son los primeros responsables de atender las demandas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos para acotar el problema de la impunidad”.
Las fallas en el poder judicial y el bajo número de jueces disponibles por cada 100 mil habitantes fue parte de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el Índice Global de Impunidad México 2016, que concluyó que en 25 estados del país prevalecen altos o muy altos niveles de impunidad.
Otros datos sobre la impunidad y las fallas en los sistemas de justicia y de seguridad de los estados son:
- En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos.
- La cifra negra —delitos cometidos pero no denunciados— en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor a 92.8%.
- Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias. Esto representa una impunidad cercana a 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
- El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en prisiones estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del Índice Global de Impunidad es de 47.
- La sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es de 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión.