El juicio de amparo es un proceso o juicio de carácter federal. Solo se inicia a petición de parte agraviada, nunca de oficio.

El juicio de amparo tiene como finalidad esencial la protección de las garantías constitucionales del gobernado y la tutela del régimen competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados, a través de la garantía de competencia constitucional consagrada por el artículo 16 constitucional.

El amparo es el medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole (fr. I del artículo 103 constitucional); que garantiza en favor del particular el sistema competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados.

La violación de las garantías se puede llevar a cabo por un acto de aplicación, desaplicación o inaplicación de una ley que se reclame.

El amparo contra la ley tiene como efecto dispensar o eximir de la observancia por parte del quejoso o la anulación o la invalidación del acto de autoridad impugnado en el amparo.

La persona física o moral a quien perjudica el acto violatorio de garantías individuales y que es titular de la acción constitucional de amparo se le denomina «quejoso». Es la persona que inicia el juicio en nombre propio o por el cual se efectúa dicha iniciación.

El juicio de amparo tiene por objeto proteger las garantías individuales contra actos de las autoridades que las violen, lo que presupone la existencia de una persona física o moral que sea titular de esas garantías, pudiendo promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama.